San Luis Potosí, S.L.P., lunes 19 de octubre de 2026.- Usuarias de los servicios jurídicos de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva denunciaron que las abogadas encargadas de representarlas en procedimientos relacionados con violencia de género, violencia familiar y otros delitos fueron retiradas de sus casos, situación que las obligó a buscar asesoría legal por otros medios, incluso mediante la contratación de servicios particulares.
De acuerdo con los señalamientos de las afectadas, al menos cinco abogadas que daban seguimiento a sus asuntos ante la Fiscalía Especializada en delitos contra las mujeres habrían dejado de laborar en la dependencia, sin que las usuarias fueran notificadas oportunamente sobre los cambios en su representación jurídica ni sobre la designación de nuevas profesionistas para continuar con sus procedimientos.
Las denunciantes señalaron que esta situación generó incertidumbre sobre el seguimiento de sus denuncias y las diligencias pendientes, por lo que algunas tuvieron que recurrir a otras representaciones legales y asumir gastos económicos para evitar que sus asuntos quedaran sin atención.
Al respecto, previo a su comparecencia ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Roxanna Hernández Ramírez, reconoció que se han realizado movimientos de personal como parte de un proceso de reorganización administrativa; sin embargo, no pudo precisar cuántas trabajadoras han dejado de prestar sus servicios ni cuáles fueron los criterios específicos para determinar las bajas.
La funcionaria justificó los cambios bajo el argumento de una reingeniería institucional que, aseguró, responde a inconformidades presentadas por usuarias que consideraron no haber recibido un trato adecuado por parte del personal encargado de atender sus casos.
“Las mujeres están representadas jurídicamente, se hizo una reingeniería”, sostuvo Hernández Ramírez, quien afirmó que las modificaciones buscan mejorar el funcionamiento de la dependencia y responder a las necesidades de quienes solicitan acompañamiento.
No obstante, al ser cuestionada directamente sobre la existencia de despidos, inicialmente respondió de manera afirmativa, aunque posteriormente rectificó y aseguró que se trata de la conclusión de contratos temporales con una duración de tres meses.”No hay un despido, claro que no. Se acaban los contratos, son tres meses y se acaban los contratos”, expresó.
Sobre el número de personas que fueron separadas de sus funciones, reconoció que todavía no cuenta con una cifra definitiva. “No tengo un dato en general porque estamos en eso todavía, no es como que ya sepamos cuántos”, respondió.
La secretaria tampoco aclaró si las abogadas que dejaron de prestar sus servicios fueron sustituidas inmediatamente, si existieron procedimientos para informar a las usuarias sobre la revocación de su representación legal o qué mecanismos se implementaron para garantizar la continuidad de los asuntos que permanecen en trámite ante la Fiscalía.
Aunque Hernández Ramírez aseguró que las mujeres continúan contando con representación jurídica, los testimonios de las usuarias plantean una situación distinta, pues algunas afirman que tuvieron que contratar abogados particulares para continuar con sus procedimientos.
De esta manera, persisten cuestionamientos sobre los efectos de la reorganización administrativa en la atención jurídica que brinda la Secretaría, particularmente en los casos de mujeres que acudieron a la institución en busca de acompañamiento gratuito para enfrentar situaciones de violencia.
