San Luis Potosí, S.L.P., viernes 13 de marzo de 2026.– Representantes de distintas organizaciones dedicadas a la protección animal entregaron al Congreso del Estado más de 17 mil firmas ciudadanas con el propósito de respaldar la iniciativa conocida como “Ley Hope”, que plantea fortalecer las sanciones contra el maltrato animal en San Luis Potosí.
Las firmas fueron presentadas ante las y los diputados que integran la Comisión Primera de Justicia, con el objetivo de evidenciar el respaldo social que existe en torno a la propuesta legislativa que busca castigos más severos para quienes incurran en actos de crueldad contra los animales.
Karla García Tello, integrante de la Asociación Protectora de Animales “Huella Amiga”, explicó que del total de apoyos reunidos, 10 mil 500 corresponden a firmas autógrafas recabadas directamente entre la población, mientras que otras 6 mil 200 se obtuvieron mediante una petición difundida en la plataforma digital Change.org.
Señaló que la recopilación de firmas busca demostrar que la demanda de endurecer las penas no se limita a los colectivos animalistas, sino que refleja una preocupación compartida por amplios sectores de la sociedad potosina.
En ese sentido, Ana María Gómez Escamilla, representante de la organización Perros Extraviados en Situación Crítica San Luis Potosí, detalló que la iniciativa plantea aumentar las penas actuales de cuatro a ocho años de prisión en los casos más graves de maltrato animal.
Asimismo, explicó que el proyecto contempla diversas agravantes que podrían incrementar las sanciones hasta en un 50 por ciento, entre ellas la zoofilia, actos de violencia extrema o sadismo, así como la grabación y difusión de las agresiones en redes sociales.
También se consideran circunstancias como cometer el maltrato frente a menores de edad o que los responsables sean servidores públicos, situaciones que agravarían la penalidad.
Gómez Escamilla precisó que, de aprobarse el aumento de las penas por encima de los cinco años de prisión, los responsables ya no podrían acceder a mecanismos alternos de solución mediante la reparación del daño, por lo que tendrían que enfrentar un proceso penal con posibilidad de cárcel.
Las activistas recordaron que la iniciativa surge tras diversos episodios de crueldad animal ocurridos en la entidad, entre ellos el caso de Hope, una perrita que fue asesinada brutalmente en abril del año pasado, hecho que generó indignación social y motivó la propuesta que ahora se discute en el Poder Legislativo.
