San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 29 de julio de 2026.- Tras más de cuatro meses en prisión preventiva por un proceso relacionado con narcomenudeo, el abogado Diego N. continúa sin poder enfrentar su juicio en libertad, situación que su defensa atribuye a una serie de dilaciones e irregularidades en la actuación de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, motivo por el que una docena de litigantes se sumó a su representación legal. De acuerdo con los antecedentes del caso, el 27 de marzo de 2026 elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, detuvieron a dos hombres durante un operativo realizado en un bar de la colonia Infonavit Ojo de Agua, en el municipio de Rioverde. Entre los asegurados se encontraba Diego N., quien fue puesto a disposición de un juez de control por el delito de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple.

La abogada Alejandra Ixchel Rivera Velasco, integrante del equipo jurídico, señaló que una de las primeras anomalías ocurrió cuando el abogado fue trasladado a la capital potosina sin que se informaran las razones de esa decisión. Además, aseguró que desde la audiencia inicial se le negó la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de solución del conflicto, pese a que, afirmó, la Constitución y el sistema de justicia penal privilegian este tipo de salidas cuando son legalmente procedentes.

Explicó que durante la audiencia de control de la detención la defensa solicitó una continuación con el propósito de plantear una suspensión que permitiera explorar una salida alterna; sin embargo, la Fiscalía se opuso y el juez rechazó la petición, decisión que, a decir de la litigante, vulneró los derechos procesales del imputado.

Posteriormente, la estrategia jurídica se enfocó en solicitar la modificación de la medida cautelar para que Diego N. enfrentara el proceso en libertad. La defensa argumentó que no existen elementos que acrediten un riesgo de fuga, de obstaculización de la investigación o de peligro para la víctima o la sociedad, requisitos indispensables para justificar la prisión preventiva. Como prueba de su arraigo en Rioverde presentaron la declaración de su esposa, así como las actas de nacimiento de sus hijos, con el objetivo de demostrar que cuenta con domicilio y vínculos familiares permanentes en ese municipio.

No obstante, la Fiscalía sostuvo que esos elementos eran insuficientes para acreditar el arraigo del imputado. Según la defensa, el Ministerio Público desestimó la entrevista realizada a la esposa de Diego N. y argumentó que la documentación familiar únicamente pretendía favorecer su situación jurídica, por lo que insistió en mantener la prisión preventiva justificada bajo el argumento de que persiste el riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la justicia.

Los abogados informaron que, tras promover un juicio de amparo, lograron que se programara para este jueves una audiencia de revisión de la medida cautelar, ya que originalmente había sido diferida hasta septiembre. Consideraron que ese aplazamiento vulneraba los derechos del imputado, pues para entonces habría permanecido alrededor de seis meses en prisión, periodo que, señalaron, corresponde al tiempo máximo de pena previsto para el delito que se le atribuye.

Finalmente, el equipo jurídico acusó que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han recurrido a cambios de jueces y aplazamientos constantes que han prolongado innecesariamente el procedimiento.

Exigieron al vicefiscal que el caso se conduzca con estricto apego a la legalidad y denunciaron que, además de las afectaciones que la reclusión ha provocado a la familia del abogado, algunos de los litigantes que participan en su defensa han recibido amenazas para abandonar el caso.