San Luis Potosí, S.L.P., viernes 15 de mayo de 2026.– La desigualdad laboral entre docentes del sistema público y privado se profundiza en San Luis Potosí, donde mientras maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen prestaciones, bonos y estabilidad laboral, profesores de instituciones privadas denuncian salarios precarios, contratación por honorarios y presuntas prácticas de despido encubierto.

En el sistema público, los docentes cuentan con acceso a seguridad social mediante el ISSSTE, aguinaldos de al menos 40 días de salario, primas vacacionales, bonos por antigüedad y reconocimientos económicos como el pago por el Día del Maestro y la Compensación Nacional Única. Además, tienen acceso a licencias con goce de sueldo, apoyos para profesionalización y horas de descarga laboral, que permiten disminuir la carga frente a grupo sin afectar sus percepciones salariales.

No obstante, aunque actualmente las plazas docentes ya no se heredan oficialmente, maestros señalan que los espacios disponibles dentro del sistema público son cada vez más escasos y altamente competidos. A ello se suma la percepción de que algunas vacantes continúan asignándose mediante prácticas de nepotismo, recomendaciones y amistades dentro de las estructuras sindicales o administrativas, lo que dificulta aún más el acceso para nuevos profesionistas interesados en incorporarse a la educación pública.

En contraste, cientos de docentes del sector privado enfrentan condiciones de precariedad laboral. Muchos son contratados por hora clase, con pagos que oscilan entre los 90 y 200 pesos por hora impartida, en esquemas donde algunas materias representan apenas tres horas semanales de trabajo. Además, gran parte de ellos laboran bajo el régimen de honorarios, obligados a emitir facturas y absorber gastos contables que van de los 400 a los 700 pesos mensuales para poder cobrar sus salarios.

Mientras el magisterio público recibe pagos durante días festivos, ajustes salariales y prestaciones acumulativas, los maestros del sector privado enfrentan salarios estancados, ausencia de seguridad social y condiciones sujetas a la discrecionalidad administrativa de cada institución.

A este panorama se suma otra problemática: la contratación de personal sin formación pedagógica especializada. Ingenieros, abogados, médicos, pasantes, alumnos universitarios e incluso trabajadores de distintos oficios han encontrado empleo en instituciones privadas bajo requisitos mínimos que, en muchos casos, priorizan únicamente la experiencia laboral y la posesión de un título profesional, sin garantizar preparación docente o criterios sólidos de excelencia académica.

Esta práctica responde, en parte, a la necesidad de algunas escuelas privadas de reducir costos laborales, mediante la contratación de personal por horas y sin generar compromisos de largo plazo, antigüedad o derechos laborales adquiridos.

La rotación constante de maestros y las limitadas condiciones laborales terminan impactando directamente en la calidad educativa y en la continuidad de los procesos de enseñanza.

Uno de los casos recientes es el del Colegio Hispano Inglés, donde maestras y maestros denunciaron estar siendo presionados para firmar documentos que consideran equivalentes a renuncias forzadas. Los docentes señalaron que la situación comenzó tras la llegada de una nueva directora, identificada como Beatriz N., quien habría implementado un proceso de “regularización administrativa” que, según los inconformes, pone en riesgo su antigüedad laboral.

Los profesores también enfrentan un ambiente de presión e incertidumbre ante la posibilidad de no ser considerados para el siguiente ciclo escolar, situación que merma aún más sus posibilidades de ingresos y amplía la brecha entre docentes de ambos sistemas educativos. Todo ello ocurre mientras muchos maestros enfrentan también la difícil tarea de convencer a las nuevas generaciones de que el acceso a la educación puede traducirse en mejores oportunidades de vida.

Los discursos suelen durar menos que las coyunturas en el ámbito político. Pero pocas veces una contradicción queda tan expuesta en tan poco tiempo como ocurrió esta semana con la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México. En menos de veinticuatro horas, Karen Castrejón Trujillo pasó de condenar el nepotismo con absoluta claridad a justificar técnicamente aquello que apenas un día antes aseguraba rechazar.


Y el problema no es solamente semántico. El fondo del asunto revela cómo el discurso ético de los partidos suele adaptarse dependiendo de los intereses electorales en juego. La dirigente nacional del PVEM había sido categórica. Frente a medios de comunicación afirmó que su partido, al igual que Morena y la presidenta de la República, no estaba a favor del nepotismo. “Eso es dejarlo muy claro”, dijo. La declaración parecía enviar un mensaje político contundente en medio de las negociaciones con Morena y el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones de 2027.


El posicionamiento no era menor. Morena lleva meses intentando instalar públicamente la narrativa de combate al nepotismo político, especialmente ante el creciente rechazo ciudadano hacia las dinastías familiares enquistadas en el poder. En ese contexto, la declaración de Castrejón buscaba alinearse con ese discurso de renovación democrática e institucionalidad.


Sin embargo, bastó que el debate aterrizara en San Luis Potosí para que la definición cambiara por completo.
Porque una cosa es condenar el nepotismo en abstracto y otra muy distinta hacerlo cuando la posible candidata es Ruth González Silva, senadora del Partido Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Entonces vino el viraje.


La misma dirigente que horas antes aseguraba estar en contra del nepotismo comenzó a matizar su postura argumentando que el nepotismo únicamente aplica cuando existe una designación directa en cargos administrativos, pero no cuando se trata de cargos de elección popular.

Es decir: según esta nueva interpretación del Verde, colocar a la esposa del gobernador como candidata a sucederlo no sería nepotismo porque “el pueblo decide”.


La maniobra discursiva es evidente. El problema es que la explicación, aunque jurídicamente defendible en términos estrictos, resulta políticamente contradictoria.

Porque el debate sobre nepotismo no se limita únicamente a la definición legal de una designación administrativa. El cuestionamiento público gira alrededor del uso de estructuras de poder, recursos políticos, posicionamiento institucional y operación territorial para construir candidaturas familiares desde el aparato gubernamental.

Y en San Luis Potosí eso es precisamente lo que hoy se discute.


Karen Castrejón tiene razón en un punto: Ruth González no heredaría automáticamente la gubernatura. Tendría que competir en las urnas y eventualmente ganar una elección. Formalmente, eso no constituye una sucesión monárquica ni una designación directa.


Pero reducir el fenómeno del nepotismo únicamente a la existencia de un nombramiento administrativo es ignorar deliberadamente cómo operan las estructuras políticas reales en México.


Porque resulta imposible desvincular el crecimiento político de Ruth González del aparato político construido alrededor del gallardismo. Su presencia permanente en eventos públicos, las giras constantes por municipios donde el Partido Verde es primera fuerza, la operación territorial, las afiliaciones partidistas y el respaldo institucional forman parte de una estrategia evidente de posicionamiento rumbo al 2027.


Negarlo sería ingenuo. O conveniente.

El problema para el Partido Verde no es que impulse a Ruth González. Está en su derecho político de hacerlo. El verdadero costo está en intentar sostener simultáneamente dos discursos incompatibles: condenar el nepotismo mientras se construye políticamente una sucesión familiar.

Y la contradicción se vuelve todavía más profunda cuando se revisan las propias declaraciones recientes de Karen Castrejón.


Apenas el pasado 13 de abril, durante un evento político en San Luis Potosí, la dirigente nacional del PVEM aseguraba que el partido estaba listo para competir solo en 2027 porque “eso es lo que nos ha pedido la gente”. Habló de un Partido Verde fuerte, joven y preparado para ir por la gubernatura sin necesidad de Morena.

El mensaje tenía una carga política clara: el Verde se sentía suficientemente fortalecido en San Luis Potosí como para encabezar por sí mismo el próximo proceso electoral.

Curiosamente, esa declaración ocurrió en presencia de Ruth González Silva, principal figura política del gallardismo y virtual aspirante verde a la gubernatura.


Hoy, apenas semanas después, el discurso cambió nuevamente. Ahora el PVEM insiste en buscar una alianza con Morena y el PT, mientras intenta convencer a sus aliados de que la eventual candidatura de la esposa del gobernador no representa nepotismo.


La contradicción no es solamente conceptual; también es estratégica; por un lado, el Verde intenta apropiarse del discurso obradorista contra el nepotismo para no romper políticamente con Morena. Pero, al mismo tiempo, necesita defender la viabilidad política de su principal carta electoral en San Luis Potosí.

Y ahí aparece el verdadero dilema: el Partido Verde quiere beneficiarse del discurso ético de Morena sin renunciar a las prácticas políticas tradicionales que precisamente ese discurso cuestiona.


No es casual que dentro de Morena existan resistencias crecientes a esa eventual candidatura. Distintos cuadros morenistas han advertido que la postulación de Ruth González podría convertirse en un obstáculo para cualquier coalición en 2027.


La razón es sencilla: para una parte importante del obradorismo, el combate al nepotismo no puede reducirse a una interpretación jurídica limitada. Tiene también una dimensión ética y política.

Porque aunque legalmente no exista impedimento para que un familiar compita por un cargo público, el uso sistemático del poder para construir candidaturas familiares termina debilitando la percepción de equidad democrática.


Y eso es justamente lo que hoy ocurre en San Luis Potosí.

El Verde intenta convertir una discusión política en una precisión técnica. Pero la ciudadanía entiende perfectamente la diferencia entre legalidad y legitimidad.


Puede ser legal impulsar a la esposa del gobernador. Lo que está en debate es si resulta congruente hacerlo mientras se asegura públicamente estar en contra del nepotismo.

La política mexicana está llena de partidos que cambian principios por conveniencias electorales. 

Lo preocupante no es la contradicción en sí misma, porque en política las contradicciones son frecuentes, sino la facilidad con la que algunos dirigentes creen que la ciudadanía ya no las nota.

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Por: Ernesto García

San Luis Potosí, S.L.P., jueves 14 de mayo de 2026. – El cantautor cubano Frank Delgado se presentará este viernes 15 de mayo a las 9:00 de la noche en el foro cultural No Lugar, ubicado en Pascual M. Hernández 372, en el Centro Histórico de la capital potosina, como parte de una velada dedicada a la trova y la canción de autor.

Frank Delgado es considerado una de las figuras más representativas de la nueva trova cubana, corriente musical caracterizada por combinar crítica social, humor y temas cotidianos en sus composiciones. A lo largo de su trayectoria ha logrado consolidarse como uno de los exponentes más reconocidos del género en América Latina.

Con más de tres décadas de carrera artística, el músico cuenta con una amplia discografía y ha participado en distintos festivales internacionales. Durante su presentación en San Luis Potosí se espera que interprete algunos de sus temas más conocidos ante el público potosino.