San Luis Potosí, S.L.P., sábado 19 de septiembre de 2026.- La madre de Alan Ibarra, joven asesinado en 2019, anunció que llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las irregularidades que, sostiene, se han presentado durante el proceso penal en San Luis Potosí, particularmente por la falta de localización y presentación de testigos considerados fundamentales para el caso.
Silvia Castillo señaló que, después de más de siete años de exigir justicia, recurrirá a la instancia federal ante lo que considera omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial estatal durante el desarrollo del proceso contra los presuntos responsables del homicidio de su hijo.
Explicó que la representación social ha argumentado que no ha sido posible localizar a diversos testigos que deben comparecer durante las audiencias. Entre ellos se encuentran exagentes de la Policía Investigadora, exservidores de la Fiscalía, un exfuncionario de la Unidad de Inteligencia de la Dirección General de Métodos de Investigación, así como el propietario de un establecimiento que contaría con material videográfico relacionado con los hechos.
Castillo afirmó que la falta de estos testimonios puede afectar el desarrollo del juicio que actualmente se sigue contra Adrián “N” y Víctor Alfonso “N”. Por ello, señaló que solicitará ante la Suprema Corte que se intervenga para garantizar la localización de los testigos y, en caso necesario, que puedan rendir declaración mediante mecanismos a distancia.
La madre de la víctima sostuvo que su intención es que las autoridades federales revisen las condiciones en las que se ha desarrollado el procedimiento, al considerar que las omisiones registradas han prolongado el acceso a la justicia para su familia.
El caso se remonta a 2019 y, de acuerdo con Castillo, inicialmente fue investigado como homicidio simple intencional. Posteriormente, logró que la clasificación del delito fuera modificada a homicidio calificado. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de juicio contra dos de los imputados.
La denunciante también cuestionó el resultado de un proceso previo contra Juana “N” y Óscar “N”, quienes recibieron una sentencia de 20 años, además de que, según expuso, durante ese procedimiento fueron retirados los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y falsedad de declaraciones.
Castillo también manifestó su inconformidad por posibles conflictos de interés que, desde su perspectiva, se habrían presentado dentro del procedimiento y señaló coincidencias entre apellidos de personas que participaron en la representación legal de la víctima y funcionarios del Poder Judicial.
La madre de Alan Ibarra responsabilizó a la Fiscalía y al Poder Judicial estatal de las irregularidades que denuncia y sostuvo que acudirá a la instancia federal para buscar que el caso sea revisado y se garantice el derecho de su familia a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.