San Luis Potosí, S.L.P. martes 03 de febrero de 2026.– Transportistas de agua en San Luis Potosí anunciaron una movilización para el próximo viernes 6 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, en el kilómetro 8 de la carretera Matehuala–San Luis Potosí, con el objetivo de exigir claridad sobre los alcances de la Ley General de Aguas y sus implicaciones para el sector.
La convocatoria busca que el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Darío González, así como diputados federales y senadores potosinos, expliquen cómo la reforma impactará a los pozos y a quienes se dedican al traslado del recurso hídrico en la entidad.
El consejero nacional de la AMOTAC, Raúl Torres Mendoza, advirtió que la nueva legislación ya está generando afectaciones directas, como la clausura de pozos en distintos puntos del Estado, sin que los piperos hayan sido informados o considerados durante el proceso de discusión y aprobación de la ley.
Recordó que la Ley General de Aguas, avalada en diciembre de 2025, incorpora modificaciones relevantes, entre ellas el reconocimiento del derecho humano al agua, con prioridad al uso personal y doméstico, así como limitaciones a la cesión o transferencia de concesiones, dejando estos procesos exclusivamente en manos de CONAGUA.
Torres Mendoza subrayó la necesidad de que las autoridades federales abran un diálogo con el gremio, al señalar que en San Luis Potosí operan más de 400 piperos, quienes demandan transparencia y certeza jurídica para continuar con su actividad sin riesgos.
Añadió que la reforma ha provocado incertidumbre y temor entre los operadores, especialmente por el endurecimiento del régimen sancionador. La ley contempla nuevos delitos hídricos y multas que pueden alcanzar hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente 657 mil pesos por faltas consideradas graves.
Finalmente, el dirigente transportista criticó que los legisladores federales potosinos no hayan tomado en cuenta a este sector al momento de aprobar la reforma, por lo que ahora, dijo, el gremio exige ser escuchado antes de que las afectaciones sean irreversibles.